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Novedades de la “Ley Orgánica de protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales (LOPDGDD)” (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, BOE 294)

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lopd_5El pasado 7 de diciembre entró en vigor la nueva LOPD que pasa a denominarse LOPDGDD al incorporar a su objeto la Garantía de Derechos Digitales. Esta Ley adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), completando sus disposiciones.

Muchas son las novedades que incorpora esta ley, como son la garantía de derechos digitales, protección de los datos en las redes sociales, protección de datos de las personas fallecidas, novedades en el régimen jurídico de los empleados o el controvertido uso de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales, pero las principales novedades que afectan a las Administraciones Públicas en el tratamiento diario de los datos son:

  • Se legitima el tratamiento y cesión de datos de una Administración pública, aclarando cuándo se considera que es una obligación legal (cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley) o un interés público o ejercicio de poderes públicos (cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley) (Art.8).
  • Se minimiza el impacto de la presencia de datos personales en los boletines oficiales, de manera que todas las administraciones solo podrán publicar en anuncios y en actos administrativos el nombre completo del ciudadano y cuatro cifras del DNI. (Disposición adicional séptima).´
  • Se refuerza la competencia de las administraciones públicas para permitir que puedan verificar los datos personales que obran en su poder y comprobar así su exactitud cuando se estén formulando solicitudes de los interesados por cualquier medio. (Disposición adicional octava).
  • Se modifica la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de manera que se obliga a publicar los registros de actividades de tratamiento que sustituyen a los actuales ficheros en sus sedes electrónicas, indicando la base jurídica que legitima el tratamiento de los datos de los ciudadanos. (Disposición final undécima)
  • Respecto a la documentación aportada por los interesados y el acceso a las Plataformas de Intermediación de Datos, se procede a la modificación del art. 28 de la Ley 39/2015, para evitar el conflicto surgido entre el consentimiento tácito existente en la LPAC y el consentimiento explícito requerido en el RGPD, de manera que la administración actuante pueda recabar los documentos salvo que el interesado se oponga a ello, sin que quepa oposición cuando la aportación del documento se exige en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección (Disposición final duodécima).
  • Con respecto a la persona que desarrolle las funciones de Delegado de Protección de Datos, se añade la intervención en caso de reclamación ante la AEPD, mediante el reconocimiento de su papel como órgano intermedio de control previo a la presentación de una reclamación ante la AEPD, configurándose como una autoridad de control. (Art.37).
  • En cuanto a las sanciones a las administraciones públicas que incumplan la LOPDGDD, se opta por no poner sanciones económicas por los incumplimientos, sin embargo establece la posibilidad de que la AEPD inicie actuaciones disciplinarias. El procedimiento y las sanciones a aplicar serán las establecidas en la legislación sobre régimen disciplinario o sancionador que resulte de aplicación. Estas resoluciones además se deben publicar en los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas. (Art.77)

En los próximos boletines continuaremos analizando los cambios introducidos tanto por el RGPD como por la LOPDGDD.

Enlace a la nueva LOPDGDD – https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf

Más información https://www.aepd.es/media/docs/novedades-lopd-sector-publico.pdf