ANIMSA CONTINÚA PROPONIENDO SOLUCIONES DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PARA SUS ENTIDADES LOCALES ASOCIADAS
El próximo día 2 de octubre de 2016 entrarán en vigor las Leyes 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, cuyos objetivos principales son los de regular tanto las relaciones entre las Administraciones y la Ciudadanía, como el funcionamiento interno y las relaciones entre las propias Administraciones.
En estas nuevas Leyes se ha tenido muy en cuenta el desarrollo que han tenido las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) en los últimos años. La tramitación electrónica pasa a imponerse como tramitación fundamental frente a la tramitación “en papel” que a partir de ahora, se considera totalmente excepcional.
Además, otros principios como la transparencia, la agilidad, la simplificación de los procedimientos o la cooperación entre Administradociones han estado muy presentes en el desarrollo de estos textos.
El Derecho de la ciudadanía a relacionarse por medios electrónicos con la Administración que establecía la Ley 11/2007, evoluciona ahora hacia la Obligación para determinados colectivos (personas jurídicas, profesionales, colegiados, empleados públicos, etc.) de relacionarse por esta vía electrónica.
Conceptos como el Registro Municipal, el Archivo Único, las Notificaciones, los Documentos de Actos Públicos o los propios Expedientes Municipales, deberán tener necesariamente soporte electrónico y estar a disposición de los ciudadanos en la Sede Electrónica de la Entidad.
ANIMSA, como socio tecnológico de los Ayuntamientos, reconoce su decisivo papel en esta transformación, desarrollando soluciones propias, integrando otras soluciones de mercado, acompañando y apoyando a los Ayuntamientos en su implantación, o poniendo en funcionamiento las infraestructuras tecnológicas sobre las que se ejecutarán estas tecnologías y desde las que se prestarán estos servicios.
Una vez más, el hecho de contar con una estrategia colaborativa y asociativa entre los Ayuntamientos de Navarra, facilitará sin duda la consecución de estos nuevos objetivos marcados por la legislación.